Hacienda prepara un nuevo giro en el calendario de la digitalización fiscal. Según la nota informativa difundida el 5 de octubre de 2026, el Ministerio prevé aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes derivadas del Real Decreto 1007/2023, que regula los sistemas informáticos de facturación y el entorno VERIFACTU.
La medida busca hacer coincidir este calendario con la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales con una facturación anual inferior a 8 millones de euros. El cambio no supone abandonar VERIFACTU, sino reordenar su entrada en escena para evitar una adaptación fragmentada entre sistemas que, en la práctica, acabarán conviviendo.
VERIFACTU ya había situado a empresas y autónomos ante una cuenta atrás exigente. La adaptación de los programas de facturación, la trazabilidad de los registros y la garantía de integridad e inalterabilidad habían convertido el calendario en una de las principales preocupaciones de despachos y proveedores tecnológicos.
Con el nuevo aplazamiento previsto, Hacienda trata de acompasar ese proceso con el desarrollo de la factura electrónica B2B. La idea de fondo es clara: evitar que pymes y autónomos tengan que afrontar dos transiciones técnicas separadas en un corto espacio de tiempo.
El aplazamiento no rebaja el alcance de la reforma.
Los requisitos esenciales de los sistemas de facturación siguen siendo los mismos: integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Lo que cambia es el horizonte temporal para las obligaciones pendientes.
Por tanto, el mensaje para las empresas no debería ser de pausa indefinida, sino de planificación más ordenada. La digitalización fiscal continúa avanzando, aunque lo haga ahora con un calendario más amplio.
El anuncio llega justo después de la publicación de la Orden HAC/1028/2026, que regula la solución pública de facturación electrónica. Esta orden pone en marcha una pieza clave del sistema B2B: emisión, interconexión, copias fieles, consulta de facturas y comunicación de estados de pago.
La decisión de alinear VERIFACTU con la factura electrónica confirma que ambos procesos ya no pueden analizarse por separado. Para las asesorías fiscales, el debate deja de estar en una única obligación concreta y pasa a centrarse en el rediseño completo del circuito de facturación de sus clientes.
El matiz jurídico es importante: Hacienda habla de una previsión de modificación de plazos. El nuevo calendario deberá plasmarse en la correspondiente reforma normativa para quedar plenamente consolidado.
Hasta entonces, conviene distinguir entre el calendario vigente y el calendario anunciado. Esta diferencia será clave para informar correctamente a empresas y autónomos, especialmente en un terreno donde los plazos han cambiado en varias ocasiones.
El aplazamiento hasta octubre de 2028 ofrece más margen, pero no cambia la dirección del viaje. La Administración avanza hacia un modelo de facturación más trazable, conectado y digital, en el que VERIFACTU, factura electrónica y futuros reportes derivados de ViDA acabarán formando parte de un mismo ecosistema.
Para las asesorías fiscales, la oportunidad está en convertir este nuevo margen en estrategia. No se trata de frenar la adaptación, sino de evitar decisiones precipitadas, soluciones duplicadas o inversiones que no encajen con el marco definitivo.
Octubre de 2028 desplaza la urgencia, pero no borra la transformación.
